Terrorismo y extorsiones salen de la FGR en Cancún

*Opera “cartel” de extorsiones en la FGR Cancún

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*Opera “cartel” de extorsiones en la FGR Cancún

-La delegación en Quintana Roo se ha convertido en una fábrica de expedientes y delitos contra empresarios, mientras policías federales siembran el terror para intimidarlos, robar y extorsionarlos.
-Empresarios denuncian el “modus operandi” y un cartel conformado por autoridades y ex policías para delinquir en Cancún.

Por redacción

Cancún.-Cansados de extorsiones, amenazas, persecución, violaciones a la ley y abusos de funcionarios públicos, empresarios radicados en Cancún interpusieron una denuncia por corrupción, extorsión, abuso de autoridad, robo y lo que resulte, en contra de autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) adscritos a la delegación de Quintana Roo con sede Cancún, y contra elementos de la Policía Federal, Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, quienes han participado en diversos hechos delictivos en contra de los denunciantes.

Los agraviados, presentaron la denuncia de todos estos hechos de corrupción, acoso, intimidaciones, tortura, rapiña, siembra de armas y otras arbitrariedades contra las autoridades involucradas en la fabricación de expedientes plagados de información falsa mediante los cuales buscan obtener órdenes de cateo, para allanar sus propiedades y domicilios, las cuales se han solicitado con engaños y mentiras para obtener la aprobación de un juez.

En dichos cateos, se han violado los derechos humanos, la intimidad de sus familias y su seguridad jurídica, ya que los policías se han conducidos con exceso de violencia, abuso de autoridad, agresiones físicas, insultos, gritos, amenazas de muerte y violaciones a sus familias sino cooperan, creando episodios de pánico durante sus operativos.

Al grito de ¿dónde está el dinero? y con una orden de cateo que no mostraron a los ocupantes del domicilio, policías irrumpieron en la residencia del empresario Florian Tudor el pasado 11 de mayo, destruyendo todo a su paso, con golpes y amenazas para intimidar al empresario y su familia que si no ceden les irá peor.

Misma situación ha ocurrido al empresario Chakib Naif, quien es vigilado por policías día y noche en sus negocios, incluso perseguido para ceder a negociar una extorsión si quiere que lo dejen en paz, ya que una de sus propiedades ubicada en la llamada “Ruta de los Cenotes” en el municipio de Puerto Morelos, también ha sido allanada mediante una orden de cateo conseguida a base de información falsa.

La persecución a estos empresarios y sus familias de parte de las autoridades se torna insoportable, se trata de un caso de corrupción, abuso de poder y “delincuencia organizada” en el ejercicio de la función pública que ya ha sido denunciado para que se investigue a fondo, porque se ha detectado incluso que en los operativos participan policías federales inactivos dedicados a delinquir en complicidad con autoridades federales.

DENUNCIA DE LOS HECHOS

Las denuncias de todos estos hechos constitutivos de delitos por parte de las autoridades involucradas, fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de México, la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Visitaduría General de la FGR, Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como ante los órganos de control internos de la Secretaría de Marina y Policía Federal, por los diversos abusos, hechos de corrupción y amenazas que han recibido de manera sistemática.

En la denuncia, los empresarios Florian Tudor de origen rumano, residente permanente en México y padre de dos hijos mexicanos, así como de Chakib Naif, de origen libanés nacionalizado mexicano, narran toda una historia de terror y persecución que han sufrido ellos y su familia, desde el 2015, hechos que se repitieron en 2017, pero tomaron otra dimensión desde febrero de 2019 a la fecha, ya que las extorsiones se incrementaron de manera recurrente, mediante una persecución que raya en el terrorismo por parte de autoridades, policías y militares que se han participado en estos hechos, donde el único fin es que como empresarios paguen un “derecho de piso”.

ROBO DE 2 MILLONES DE DÓLARES DURANTE UN CATEO

Derivado el cateo realizado el 11 de mayo de 2019, a las cinco de la mañana, al domicilio del empresario Florian Tudor, de la calle Robalo número 52 con avenida Bonampak, de Cancún, Quintana Roo, los policías encabezados por el comandante Deyner Azhael Maldonado Hernández y el responsable del operativo, fiscal Cesar Eduardo Cervantes Saavedra, se denunció la extracción (robo) de relojes, joyas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y computadoras, valores valuados en un monto superior a los 2 millones de dólares (40 millones de pesos).

De acuerdo a la denuncia interpuesta ante las autoridades superiores de estos funcionarios y policías, la solicitud de órdenes de cateo a sus propiedades y domicilios por parte de ministerios públicos, fiscales, delegado y subdelegada de la FGR, ha sido con la única intención de intimidarlos y robarles, como ocurrió en el asalto del que fueron objeto pasado 11 de mayo.

En el “modus operandi” de estos funcionarios y policías se advierte una complicidad, ya que a pesar de que las órdenes de cateo se solicitan para la búsqueda de armas únicamente, policías irrumpen de manera violenta, con amenazas y golpes, en busca solo de dinero, joyas y objetos de valor, para al final sembrar algún arma que les permita incriminar al empresario para detenerlo y seguir extorsionándolo en su proceso de libertad.

Como resultado del cateo del pasado 11 de mayo, y luego de saquear su domicilio, Florian Tudor, fue detenido y llevado a los separos de la FGR en Cancún, por supuestamente haberle encontrado una pistola, arma, que acusa, le fue sembrada por el comandante Deyner Azhael Maldonado Hernández, ya que aunque lo tenían sometido, pudo ver cuando el policía puso el arma cargada en un buró de la cama, lo que resulta incongruente ya que en el domicilio habitan niños.

Como parte de este acoso, los empresarios Florian Tudor y Chakib Naif, denunciaron que han sido objeto de esta persecución desde de febrero de este año, ya que ambos son socios de una propiedad en la llamada “Ruta de los Cenotes”, perteneciente al municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, donde tienen un proyecto para un desarrollo habitacional, y hasta donde policías federales, marinos y militares han acudido para hostigarlos.

Autoridades de la FGR en Cancún, lograron igual mediante supuestas denuncias anónimas integrar otro expediente, para intentar incriminarlos y solicitar a un juez una orden de cateo, misma que lograron obtener y mediante la cual también catearon dicha rancho, amedrentando a guardias de seguridad privada y empleados que se encontraban en dicho domicilio.

Del pasado mes de febrero a la fecha, han sufrido en sus propiedades y domicilios, la persecución de policías federales, marinos y militares, quienes mediante una supuesta investigación los acosan en busca de diversos delitos.

Al terreno de su propiedad, ubicado en la “Ruta de los Cenotes” en Puerto Morelos, han llegado elementos de diversas corporaciones, en fechas distintas, unos en busca de armas, otros en busca de drogas, algunos en busca de gente secuestrada, según han revelado los guardias de seguridad privada que cuidan la propiedad.

El 28 de abril de 2019, supuestos policías allanaron esta propiedad a la media noche (0:30 horas), entrando por la parte trasera del rancho, cuatro personas con armas largas, algunos encapuchados, sin uniforme de autoridad alguna, diciendo al personal del rancho que eran agentes federales.
Los invasores que entraron por la selva trasera de la propiedad y no por la entrada principal que da a la carretera, sometieron al guardia y lo amenazaron con matarlo, sino decía dónde tenían a la gente secuestrada, y donde estaban las armas, cuando incluso el guardia les respondió que ni él usaba arma.

Quienes intentan extorsionarlos, han creado el mito que en ese rancho, ubicado en el kilómetro 19 de la “Ruta de los Cenotes”, podría haber armas, drogas, secuestros u otros delitos, razón por han sido víctimas de acoso y visitas recurrentes de policías federales y marinos, que afirman, buscan indicios de algún ilícito, sin que a la fecha puedan probar nada.

A raíz de ello, Florian Tudor denunció que el pasado 30 de marzo, cuando se dirigían al rancho en mención en compañía del conductor de la camioneta Adrián Cosmin, para pagar los gastos de maquinaria y la nómina de los empleados por ser quincena, se dieron cuenta que había un operativo sobre la carretera, por lo que a la hora de pasar el filtro, estos policías federales los hicieron bajar del vehículo para ser revisados físicamente, momento que otros policías aprovecharon para sembrarles una pistola calibre nueve milímetros en el tablero de la camioneta para incriminarlos y detenerlos.

En ese mismo operativo, acusan, policías les aseguraron casi 500 mil pesos en efectivo que llevaban para pago de los trabajadores y la maquinaria, una acción que fue considera rara, ya que los “policías sabían que ese día pagaríamos la nómina como cada sábado”.
Dicha detención ocurrió en el kilómetro 15 de la “Ruta de los Cenotes”, unos kilómetros antes de llegar al rancho, y con el argumento de que la pistola fue encontrada en la camioneta, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y vinculados a proceso, hechos que quedaron asentados en la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000261/2019.

EXTORSIÓN DE 8 MDP

Florian Tudor, denunció que antes de todos estos operativos y cateos a sus propiedades, policías al servicio de la FGR le habían solicitado un millón de pesos, para dejar de hostigarlo y supuestamente frenar la investigación en su contra a lo cual no accedió.

Después de su detención, estando en los separos de la delegación de la FGR en Cancún, fue visitado por un emisario que le pidió negociar para facilitar su libertad, pero que no quiso decirle personalmente cuanto querían de dinero, por lo que prefirieron decirle a sus abogados que el monto requerido para dejarlo en libertad era de 8 millones de pesos.

El agraviado y sus abogados rechazaron la extorsión y solicitaron una audiencia ante el juez, donde pudo probar que el arma incriminatoria fue sembrada, razón por la que el juez le declaró su libertad.

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