Policías inactivos ejecutan los cateos de la FGR en Cancún.

Grave acusación: Fiscales federales recurren a ex policías federales para ejecutar cateos e impartir justicia, conformando una red de delincuencia contra empresarios locales.

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Por redacción.

Como resultado de la red de corrupción que impera en la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Quintana Roo, con sede en Cancún, se ha descubierto que en las extorsiones, amenazas y hostigamiento que sufren empresarios cancunenses y que salen de la propia dependencia federal, participan policías inactivos, lo que agrava más la denuncia interpuesta por víctimas.

De acuerdo con las denuncias (documentos en poder de este medio) ex policías federales, son quienes ejecutan los cateos, extorsiones y amenazas a negocios y residencias der los empresarios locales, conformándose así una red de delincuencia hacia el interior de la dependencia, lo que ha sido denunciado ante las instancias federales encargadas de investigar el actuar de los funcionarios públicos.

En las denuncias presentadas ante la Fiscalía Federal Anticorrupción, Visitaduría General de la FGR (órgano de control interno), Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Secretaría de la Función Pública, empresarios detallan que en medio de toda esta persecución y acoso, se detectó la participación de policías inactivos en los operativos y cateos a sus domicilios, quienes han robado valiosas pertenencias como joyas, relojes marca rolex y cartier y dinero en efectivo.

En el caso de los cateos a ranchos, los policías federales ministeriales se han llevado animales, perros de raza pirbull y buldog, y caballos españoles y Frisan valuados en casi un millón de pesos cada uno.

Estamos, denunciaron, ante un caso de delincuencia organizada, en la que autoridades federales están involucradas, razón por la que se exigen una investigación profunda, sobre los hechos de corrupción e ilícitos que se generan desde el seno de la delegación de la FGR con sede en Cancún.

En este contexto los agraviados señalaron que son vigilados en sus domicilios por policías a bordo de patrullas y vehículos particulares, además de recibir constantemente llamadas telefónicas, para que cedan y negocien a sus extorsiones.

El empresario Chakib Naif Al Boustany, interpuso también denuncias formales contra funcionarios de la FGR delegación Quintana Roo y con sede Cancún, debido al robo, persecución, acostó y extorsiones de la que ha sido objeto por estas autoridades y policías federales, marinos y militares.

El denunciante, precisó en su denuncia ante PGR, Derechos Humanos y secretaría de la Función Pública, que vive una persecución ilegal, con solo el propósito de extorsionarlo y robarle como ya sucedió en su rancho con los animales.

Agregó que es vigilado en su domicilio y negocios, por policías y marinos, que incluyen gente vestida de civil en sus vehículos, razón por la que teme por su seguridad.

A estos casos, se suman otras extorsiones a empresarios locales que no han querido denunciar esta pesadilla por temor a las amenazas que han recibido de dañar a sus familias por parte de este cartel que han conformado autoridades, fiscales, jueces, marinos y policías federales activos e inactivos.

El sector empresarial de Cancún vive no solo bajo el acoso de la delincuencia organizada que golpea este destino turístico, sino de autoridades que se han involucrado en este ilícito negocio de las extorsiones, protegidos por un cargo público y su complicidad con policías delincuentes que ya no trabajan para sus corporaciones.

Las denuncias de al menos tres casos, ya se interpusieron ante la Fiscalía anticorrupción de la FGR y ahora se hace pública para que autoridades superiores intervenga y otros empresarios que viven esta misma persecución se sumen a denunciar a los malos servidores públicos.

Se exige de igual forma que los policías y fiscales que han participado en los operativos y cateos a domicilios particulares, negocios y oficinas, sean llamados a cuenta, castigados y devuelvan todo lo robado.

Abogados de las partes agraviadas, exigen también, no solo la destitución de estos funcionarios que se dedican a delinquir y extorsionar, sino que sean investigados, inhabilitados y castigados con “muerte civil”, retirándoles su cédula profesional, para que no vuelvan a ocupar cargos públicos, ni ejercer su profesión, ya que son un peligro para la sociedad.

 

FGR FÁBRICA DE EXPEDIENTES

Los agraviados denunciaron a través de sus abogados a las autoridades adscritas a la delegación de la FGR con sede en Cancún, de fabricarles expedientes con información falsa para obtener órdenes de cateo, con solo propósito de incriminarlos y robarles, ante su negativa a ceder al pago de sus extorsiones.

La denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, exige una investigación por estos hechos que ocurren en Cancún contra empresarios sobre los que incluso ya hay otros antecedentes, como el caso del centro nocturno Dassan Golden Palace de la zona hotelera de Cancún, que también se negó al pago de un extorsión proveniente del interior de la FGR y que sufren el acoso de las autoridades.

El bar Dassan también permanece cerrado a pesar de que se ha comprobado que se cometieron excesos y los mismos delitos, de robo y violaciones a lo que dictaba la orden de cateo.

EXIGEN CASTIGO A MALOS FUNCIONARIOS Y POLICÍAS CORRUPTOS

Ante el abuso en el ejercicio de la función pública, en la denuncia, se exige investigar los delitos, faltas administrativas y violaciones a los derechos humanos cometidos por diversos funcionarios, entre los que se enlistan, el delegado y la subdelegada de la FGR en Cancún, el Fiscal adscrito a la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, de la FGR en Quintana Roo Cesar Eduardo Cervantes Saavedra, al encargado de la Organización de la Policía Ministerial Federal en Quintana Roo, al coordinador general de la policía ministerial en Quintana Roo y Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, entre ellos el capitán Miguel Lanzacorta Mata.

A dichos servidores públicos se les acusa como responsables de todos los ilícitos señalados, de haber abusado de su autoridad en agravio de dichos empresarios y de sus familias, trabajadores y amigos, vulnerando sus derechos fundamentales y contraviniendo como su privacidad que establece el artículo 14 constitucional.

 

 

 

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